viernes, 7 de junio de 2013

La fórmula del comité de sabios para las pensiones = "Que se jodan"


El comité de expertos propone pensiones más bajas mientras dure la crisis

CADENA SER / AGENCIAS 07-06-2013

El borrador contempla que las pensiones futuras sean más bajas a medida que aumenta la esperanza de vida y sigue contemplando que la actualización no vaya en relación con la subida de precios

El borrador sobre el que trabajarán los expertos, según fuentes conocedoras del mismo, mantiene los dos aspectos clave: sigue contemplando que las pensiones iniciales de los futuros pensionistas sean más bajas a medida que aumenta la esperanza de vida, y sigue contemplando que la actualización anual de las pensiones, de todos los pensionistas, también los actuales, no se haga de acuerdo con la subida de los precios, como hasta ahora, sino con una fórmula que dependa del estado de las cuentas de la Seguridad Social... (Seguir leyendo)

Los expertos del Gobierno darán luz verde hoy al informe que empobrecerá las pensiones

publico.es
Con esta reforma, las pensiones dejarían de actualizarse con el IPC, lo que rebajaría la capacidad del poder adquisitivo.

El Comité de Expertos al que el Gobierno encargó un informe sobre el diseño de las pensiones cierra hoy el documento, tras meses de discusiones, que empobrecerá a los futuros pensionistas. Con esta reforma, las pensiones dejarían de actualizarse con el IPC, lo que rebajaría la capacidad del poder adquisitivo. La idea es que salga ya el texto definitivo que será entregado al Gobierno para su remisión inmediata al Pacto de Toledo, ya que el Ejecutivo quiere su aprobación con la "mayor celeridad posible"... (Seguir leyendo)

Los expertos del Gobierno proponen pensiones más bajas en tiempos de crisis

elpais.com
Aunque no cae estrictamente dentro de sus propuestas, el comité también señala que caben otros cambios en el sistema como cambiar al “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”. De hecho, afirma que este mecanismo “no sustituye la necesidad de otras reformas internas del propio sistema para mejorar su eficiencia y equidad”. Conscientes de la impopularidad de la propuesta, aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”, el borrador está redactado en tono defensivo. “El factor de sostenibilidad no es sinónimo de recorte”, defiende el borrador. Y argumenta: “A medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen las nuevas fórmulas... (Seguir leyendo)


Pensiones: ¿demografía o lucha de clases?

La tramoya Blog de Juan Torres López
07 jun 2013
Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares por segundo.
Pero las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con dignidad cuando se jubilan?
Por eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados.
Para conseguirlo, la estrategia seguida por los bancos y por los que defienden sus intereses ha sido muy clara: asustar constantemente a la población diciéndole que dentro de unos años no se podrán financiar las pensiones públicas, así que lo más razonable y previsor es justamente eso, ahorrar en planes privados. Y la convicción se ha conseguido divulgando hasta la saciedad un argumento que aparentemente es indiscutible: como cada vez vivimos más y hay más personas jubiladas resulta que la factura a pagar por las pensiones públicas será tan cara en un futuro próximo que el sistema será materialmente insostenible.
Con el fin de convencer a la gente de esa idea los bancos y compañías de seguros vienen financiando generosamente a un buen número de economistas que periódicamente presentan sus previsiones siempre de la misma forma. Con gran cobertura mediática informan a los cuatro vientos de que dentro de tantos o cuantos años la seguridad social tendrá un déficit insuperable y que eso colapsará el sistema público de pensiones así que hay que rebajarlas, atrasar la edad de jubilación y, en suma, hacer más difícil que realmente sirva de protección suficiente en la vejez.
Es muy significativo que ninguno de ellos (he dicho bien, ninguno) haya acertado nunca. Algo normal porque sus modelos son muy sofisticados pero concebidos a propósito para “demostrar” lo que estaba establecido de antemano para asustar: que habría déficit en 1990, en 1995, en 2000, 2005, 2010, 2030, 2060…. Y es verdaderamente sorprendente que los bancos y compañías de seguros hayan seguido pagando buena cantidad de millones a esos mismos autores a pesar de que no acertaban nunca en las previsiones para los años a los que ya se ha llegado. Un caso único en los anales de la historia: nunca los bancos han mirado tan mal por su dinero gastándolo en economistas que no aciertan nunca en las previsiones que se le piden.
Muy sorprendente salvo, claro está, que no busquen argumentos científicos y rigurosos sino excusas para presionar y sacar adelante su estrategia.
En todos esos informes los argumentos que dan para asustar a la gente y lograr que el mayor número posible de personas salga corriendo a suscribir planes de ahorro privados son aparentemente muy sofisticados y se presentan como el último grito del conocimiento científico. Pero en realidad son una manipulación grosera de los hechos y de lo que de verdad sabemos sobre las pensiones y la evolución de los sistemas de seguridad social.
En el libro que Vicenç Navarro y yo acabamos de publicar (Lo que debes saber para que no te roben la pensión, publicado por Espasa) explicamos con claridad la falsedad de sus argumentos. Recomiendo vivamente que se lea y difunda para poder explicar a la gente las mentiras que nos están diciendo. Pero ahora simplemente quiero mencionar la falacia sobre la que la mayoría de los sabios convocados por el gobierno están basando sus conclusiones acerca de la sostenibilidad del sistema.
Parten de una idea también aparentemente indiscutible: hay que lograr que el sistema de pensiones públicas sea sostenible, es decir, que sus gastos no superen a los ingresos porque si no se vendría abajo. Y, para ello, como he dicho, lo único que se les ocurre es rebajar la cuantía de las pensiones. Una falacia porque equivale a decir que para que no bajen las pensiones en el futuro lo que hay que hacer es que bajen ya, desde ahora.
Podemos afirmar que este tipo de argumentos son falsos porque, suponiendo que lo adecuado sea lograr la sostenibilidad equilibrando ingresos y gastos (en muchos países se financian a través de los Presupuestos del Estado), no podemos actuar solo sobre los gastos sino también sobre los ingresos.
Y resulta que es falso que los ingresos del sistema de pensiones públicas dependan solo de variables demográficas y particularmente de la mayor esperanza de vida (un concepto que, como explicamos en el libro, utilizan erróneamente). También dependen de otras variables, algunas de las cuales nunca se mencionan.
Una de ellas es el empleo, otra el nivel de salario y, por tanto, la desigualdad.
Pongamos un ejemplo muy fácil.
Supongamos que financiar las pensiones públicas cuesta 7 euros, que los ingresos totales de una sociedad son de 40 euros que se reparten al 50% entre los propietarios del capital y los asalariados y que éstos dedican la mitad de sus salarios a financiar las pensiones, es decir, 10 euros. Por tanto, en este caso, habría 3 euros de superávit (10-7=3) en el sistema de pensiones, dinero de sobra para financiarlas.
Pero ahora supongamos que se han aplicado políticas muy injustas que disminuyen los salarios en beneficio de las rentas del capital, por ejemplo, haciendo que a éstas últimas le corresponda 30 euros y a los asalariados solo 10 euros. Si aceptamos que la población trabajadora y los pensionistas siguen siendo los mismo, a las pensiones solo irán ahora 5 euros y por tanto, no habría suficiencia para pagar las pensiones, el sistema tendría un déficit de 2 euros (5-7= -2).
Es fácil comprobar, por tanto, que los ingresos con los que se financian las pensiones públicas se deterioran no solo porque vivamos más y haya menos gente trabajando (incluso esto puede ser un factor poco preocupante si logramos, como suele suceder siempre a lo largo de la historia, que los que trabajan sean más productivos y que menor número de empleados puedan mantener a más número de pensionistas). Como en el ejemplo que acabo de poner, el sistema puede entrar en déficit si la masa salarial disminuye, bien porque haya menos empleo, bien porque los empleados perciban menos salario.
Por tanto, basar la sostenibilidad del sistema solo en el factor demográfico del envejecimiento (sin hablar nada de la gran concentración de la renta a favor del capital que se viene produciendo) es un truco para rebajar la pensión y lograr lo que he dicho que de verdad persiguen los bancos y compañías de seguro.
Por tanto, lo que en realidad pone en peligro a las pensiones públicas (entre otras cosas que explicamos en el libro) no es que vivamos más años, sino las políticas de austeridad que crean paro, y que por tanto hacen que haya menos cotizantes. Y, sobre todo, la mayor desigualdad de rentas, que es lo que se viene produciendo en los últimos años, porque, como he mostrado en el sencillo ejemplo anterior, con la desigualdad disminuye la masa salarial con la que se financian.
En definitiva. El problema que amenaza a las pensiones no es de naturaleza demográfica. No. Lo que hay detrás es en realidad un conflicto de intereses entre grupos sociales, entre los de arriba y los de abajo, entre banqueros y financieros y la inmensa mayoría de la población que vive de su salario, entre propietarios del capital y asalariados. Dicho más claramente, es la lucha de clases. Ese conflicto que dicen que ya no existe para hacernos creer que los asuntos sociales son neutros y que solo los pueden arreglar los técnicos mediante fórmulas matemáticas (como las del grupo de sabios del PP) que nadie más que ellos puede entender.
Lo cierto es todo lo contrario. El futuro de las pensiones públicas no depende de esas fórmulas sino de la fuerza que tengan los asalariados para defender sus derechos y para asegurar que sus ingresos no disminuyan constantemente como viene sucediendo.
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Cuestionando la sabiduría convencional sobre las pensiones

03 jun 2013
Pensamiento crítico
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
En la discusión actual sobre la supuesta inviabilidad del sistema de pensiones públicas se está haciendo toda una serie de aseveraciones, reproducidas algunas de ellas por la llamada Comisión de Expertos sobre las Pensiones, que requieren una reconsideración a la luz de la evidencia existente. En tal discusión se asumen erróneamente varias suposiciones, presentándolas como hechos y realidades, cuando en realidad la evidencia científica existente las cuestiona. Entre ellas están las siguientes declaraciones:
1. El hecho de que la esperanza de vida de los españoles haya crecido seis años en los últimos treinta años quiere decir que las personas ancianas viven seis años más. Esto no es así. Hay que saber cómo se calcula la esperanza de vida. Si España, por ejemplo, tuviera solo dos ciudadanos, uno la Sra. García, que vive hasta que tiene 80 años, y otro, el pequeño Juanito, que muere al poco de nacer, entonces la esperanza de vida promedio de España sería (80+0)/2=40 años. Suponga el lector que treinta años más tarde España continuara teniendo solo dos ciudadanos. Uno la Sra. Pérez que, como la Sra. García, muere a los 80 años, y el otro ciudadano, Manuel, que vive hasta los 20 años. La esperanza de vida de esta España reciente sería de (80+20)/2=50 años, es decir, diez años más que la España de ayer. Pero esto no quiere decir, como constantemente se malinterpreta, que la Sra. Pérez viva diez años más. En realidad, continúa muriendo a los 80 años. Lo que ocurre es que el bebé que moría antes, ahora ya no muere y vive 20 años más.
Y esto es lo que ha ocurrido en España, la mortalidad infantil ha estado bajando mucho (lo cual ha estado ocurriendo también en la mayoría de países de la Unión Europea) y con ello la esperanza de vida (que es el promedio de años de vida que el ciudadano medio vivirá) ha subido. Pero el aumento de la esperanza de vida no repercute automáticamente en el mismo aumento de años de vida de los ancianos.
2. Como consecuencia de que las personas vivan más años, existe la necesidad de que también trabajen más años. Si viven seis años más, deberían trabajar seis años más. Este supuesto ignora la enorme variabilidad en las tasas de mortalidad que existe en España entre las personas pertenecientes a distintas clases sociales. Un catedrático de Universidad, por ejemplo, es probable que viva siete años más que la mujer de la limpieza de la Universidad en la que él trabaja. Es una medida profundamente injusta exigir a la segunda persona –la mujer de la limpieza- que trabaje dos años más (y algunos están incluso hablando de cinco años más) para pagarle la pensión al primero –al catedrático-. El retraso indiscriminado de la edad de jubilación es profundamente injusto. Y es, sin embargo, el criterio que se está utilizando y promoviendo. Hoy, en España, la persona del decil superior de renta vive diez años más que la persona del decil inferior. Hacer una propuesta “igual para todos” sin tener en cuenta la enorme desigualdad de condiciones de vida y muerte debería ser rechazado por inmoral y antidemocrático.
3. A mayores años de vida  adicionales de la población, mayor es su capacidad y obligación de trabajar. Esta observación, derivada de la anterior, continúa ignorando que no solo la esperanza de vida varía mucho según la clase social, sino también su calidad de vida. La calidad de vida de los años añadidos a la longevidad de una persona jubilada varía también de una manera muy evidente y clara según el tipo de trabajo y empleo (y, por lo tanto, de clase social del individuo) que ha tenido durante su vida laboral. A menor nivel de renta de la persona, y a menor autonomía, creatividad y condiciones satisfactorias del trabajo y empleo que la persona haya desarrollado, mayor es la discapacidad y limitaciones “propias de la edad”, con menor deseo de continuar su trabajo. De esta realidad se deriva el principio aplicado en muchos países –pero no en España- de que la jubilación es un derecho más que una obligación. Para la mujer de la limpieza es una bendición el poder dejar de trabajar. Pero no así para un catedrático, o para un médico, o para un profesional que goza en su trabajo. La aplicación del principio de considerar la jubilación como un derecho (como ocurre ya en muchos países a los dos lados del Atlántico) implica el derecho a que no haya obligación de jubilarse. Como profesor de Hopkins yo no tengo el deber de jubilarme. Siempre y cuando el trabajo esté al nivel que se exige de un profesor de universidad, la institución no puede jubilarme, como resultado de la ley que prohíbe la discriminación a los ancianos (una ley, por cierto, que sería muy necesaria en España, donde la discriminación en contra de los ancianos es muy acentuada).
4. El mayor problema que determina la necesidad de reformar el sistema de pensiones es el demográfico. A más gente anciana que vive más años y menos gente joven, mayor será el problema de la financiación. Esto no es así, pues se ignoran muchas realidades. En los sistemas de financiación a base de contribuciones sobre el trabajo (las cotizaciones sociales), el escenario no consiste en jóvenes versus ancianos, sino en trabajadores versus pensionistas. E incluso más importante es la cantidad de la aportación, que depende del salario y de la productividad. De la misma manera que ahora el 2% de la población que trabaja en agricultura produce más alimentos de los que producía el 18% que trabaja en el campo hace cuarenta años, un trabajador dentro de cuarenta años producirá y contribuirá muchas veces lo que produce y contribuye un trabajador ahora. En realidad, el mayor problema que tiene el sistema de financiación actual de las pensiones no es el demográfico, sino el laboral, es decir, el escaso porcentaje de puestos de trabajo, consecuencia, en parte (no de la siempre supuesta rigidez del mercado laboral) de la escasísima producción de puestos de trabajo (e incluso más escasa producción de buenos puestos de trabajo) resultado de un escaso desarrollo de la infraestructura social y humana del país. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios del Estado del Bienestar que tiene Suecia, España tendría cinco millones más de puestos de trabajo. Es esta escasez de puestos de trabajo el problema de las pensiones contributivas, tema que ni está ni se espera en la citada Comisión. Es lamentable que la solución que predeciblemente aparece como más factible sea la reducción de las prestaciones en lugar de aumentar los recursos para mantenerlas e incluso expandirlas.
Para profundizar leer Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Espasa, 2013) de Vicenç Navarro y Juan Torres.


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